El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de octubre de 2018, analiza el impuesto de Actos Jurídicos Documentados que resulta de aplicación en la disolución de una sociedad de gananciales, mediante la que  un cónyuge se adjudica la mitad del inmueble objeto de comunidad indivisa, con compensación en metálico de su valor al otro consorte. Pues bien, según el TS la base imponible no debe cuantificarse en atención a la totalidad del valor del inmueble, sino en función del valor económico de la parte de él que se adquiere como consecuencia de la convención documentada en la escritura notarial gravada.

Con esta sentencia el Tribunal Supremo persiste en poner al AJD en el centro de la polémica.

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