El Tribunal Supremo ha admitido expresamente en su sentencia de 21 de febrero de 2019, en base al criterio jurisprudencial ya mantenido en la sentencia de 10 de septiembre de 2018, la posibilidad de aportar pruebas en fase económico-administrativa o en la revisión contenciosa que no se aportaron en el procedimiento administrativo, con una única excepción: que la actitud del interesado no haya de reputarse abusiva o maliciosa.

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