El Tribunal Supremo, en su sentencia de 3 de junio de 2019, ha resuelto que no se pueden imponer costas en el procedimiento económico–administrativo, por lo que ha anulado el artículo 51.2 del Real Decreto 520/2005 que las exigía desde el 1/1/2018. Esta anulación supone para el contribuyente la eliminación en la práctica de una barrera importante que se le había impuesto para ejercer su derecho de defensa.

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