Se acaba de publicar una sentencia del TSJ de Castilla y León (recurso 378/2017) que estima el recurso presentado por una sociedad que fue sancionada por la Inspección por no haber aportado la documentación de precios de transferencia relativa a sus operaciones con entidades vinculadas.

El argumento para anular esta sanción se basa en que, si bien la misma estaba tipificada en el art. 16.10 de la antigua Ley del Impuesto sobre Sociedades, la falta de documentación no impidió a la inspección proceder a la regularización del impuesto (en aquel caso, sin cuota a pagar), por lo que debe entenderse que dicho incumplimiento no es sancionable.

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